ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA AL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO CONSULTIVO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, LA FACULTAD PARA FIRMAR LAS RESOLUCIONES DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y SU ARCHIVO DEFINITIVO, RESPECTO DE LAS CONSULTAS QUE REALICEN LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO.
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